El régimen de Daniel Ortega disolvió este lunes otras 15 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la histórica Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), creada en 1979 tras el triunfo de la revolución sandinista. Con esta nueva ola represiva, ya suman más de 5.670 ONG canceladas desde diciembre de 2018, según consta en el Diario Oficial La Gaceta.
La medida fue ejecutada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, a través de dos acuerdos ministeriales. De las 15 entidades afectadas, seis fueron cerradas de forma unilateral por “incumplimientos legales”, entre ellas la UPN. Otras nueve solicitaron su disolución voluntaria.
Según el Ministerio del Interior, la UPN fue cancelada por no presentar sus estados financieros correspondientes a los años fiscales 2023 y 2024, y por mantener una junta directiva vencida desde mayo de 2017. Fundada el 13 de septiembre de 1979, la organización estaba integrada originalmente por periodistas que apoyaron la revolución.
Además de la UPN, fueron cerradas otras organizaciones como la Fundación Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible, la Asociación Feria de la Tierra, la Fundación Rainbow Network, la Asociación Instituto de Investigaciones y Consultorías Económicas y Sociales, y la ONG suiza Terre Des Hommes Schweiz, entre otras de corte religioso y social.
La cancelación de estas asociaciones ocurre en un contexto de represión desde las protestas de abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles contra el régimen de Ortega. En los últimos años, además del cierre masivo de ONG, han sido clausurados medios de comunicación, universidades y centros culturales. En muchos casos, los bienes de las organizaciones disueltas han sido transferidos al Estado.
Las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato —cuarto consecutivo—, consolidaron aún más su poder. Los principales contendientes de la oposición fueron encarcelados y posteriormente expulsados del país, despojados de su nacionalidad y de sus derechos políticos bajo acusaciones de “traición a la patria”.
La comunidad internacional ha denunciado de forma reiterada las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como Human Rights Watch han documentado sistemáticamente la represión contra activistas, religiosos, estudiantes y periodistas.
La cancelación de la UPN ocurre mientras decenas de periodistas nicaragüenses ejercen su labor desde el exilio. En un informe presentado en Costa Rica por la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), se reveló la crítica situación que enfrentan los comunicadores fuera del país.
“Ejercer el periodismo desde el exilio implica diversas formas. La primera es el desarraigo, que no es ajeno a la situación que viven miles de nicaragüenses exiliados”, declaró Julio López, directivo del PCIN y autor del informe. López es también director de la plataforma Onda Local.
“El otro elemento que marca al gremio periodístico nicaragüense en el exilio es la precariedad laboral”, advirtió. Según explicó, los periodistas perciben salarios bajos y no tienen acceso a la seguridad social. “Tenemos los salarios de Nicaragua en un país que es tres o cuatro veces más caro que Nicaragua”, señaló en referencia a Costa Rica.
El periodista también denunció que, pese a la propaganda del régimen de Ortega que acusa a los medios independientes de recibir grandes sumas de dinero, “la realidad es sumamente distante de ese discurso”. La mayoría de los comunicadores exiliados deben desempeñar dos o tres trabajos para subsistir.
Además de las dificultades económicas, persiste el temor a represalias. “Incluso los periodistas han dejado de firmar sus notas o bien se limitan en la cobertura de algunos temas por el temor a lo que pueda pasar con sus familias”, dijo López.
A pesar de ese contexto adverso, el periodista destacó el compromiso del gremio. “El periodismo en el exilio hace un esfuerzo para que en el país no se imponga la censura”, afirmó. “Seguimos haciendo una narrativa disruptiva frente a esa intención de la dictadura de imponer un discurso único en Nicaragua”.
López concluyó que uno de los principales desafíos del periodismo nicaragüense hoy es garantizar su sostenibilidad: “Se debe lograr que el periodismo en el exilio tenga salarios dignos, acceso a la seguridad social y condiciones laborales óptimas. Debemos luchar contra la extinción del periodismo independiente en Nicaragua”.
(Con información de EFE)
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