La Fiscalía solicita penas de seis y cinco años de cárcel para un hombre y una mujer acusados de subarrendar de forma ilegal una veintena de pisos en el Eixample de Barcelona, utilizando documentación falsa, para convertirlos en alojamientos turísticos y alquilar las habitaciones por separado entre los años 2016 y 2020.
El juicio ha comenzado este lunes en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona. El ministerio público acusa al hombre de un delito continuado de estafa agravada y otro continuado de falsedad en documento público y oficial —con el agravante de reincidencia—, por lo que solicita para él seis años de prisión. Para la mujer, por los mismos delitos, pide cinco años.
Multas, indemnizaciones y destrucción de documentos
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía reclama que cada uno pague una multa de unos 5.000 euros, que se destruyan los documentos falsificados con los que ambos se hacían pasar por ciudadanos de la Unión Europea y que indemnicen con un total de 217.000 euros a nueve propietarios de los inmuebles, en concepto de responsabilidad civil.
Una de las cuatro acusaciones particulares, por su parte, eleva la petición de condena a nueve años de prisión para la mujer y a doce años para el hombre, al añadir un presunto delito de usurpación del estado civil a los ya mencionados.
Los propietarios declararon que al finalizar los contratos —tras descubrir que los inmuebles se subarrendaban a turistas— constataron diversas alteraciones: algunos relataron que se había añadido una habitación más en el comedor para aumentar el rendimiento económico, y otros afirmaron haber encontrado los pomos sustituidos por cerraduras electrónicas o llaves especiales. Una de las denunciantes aseguró incluso que le habían arrancado todo el parqué del piso sin su consentimiento.
Un “plan” basado en el engaño
De acuerdo con el escrito de acusación, la pareja puso en marcha un “plan” entre 2016 y 2020 para alquilar propiedades en el Eixample con el objetivo de subarrendarlas a turistas, sin contar con licencia alguna para realizar esta actividad.
Varios testigos han explicado que confiaron en la pareja porque les aseguraban que se trasladaban desde Tarragona a Barcelona por motivos laborales, con intención de vivir allí con sus hijos. Para dar credibilidad, se presentaban como ciudadanos lituanos, es decir, miembros de la Unión Europea, exhibiendo documentación falsificada.
En relación con estos hechos, el hombre ya había sido condenado en mayo de 2017 a seis meses de prisión por falsificación de documentos públicos en Barcelona.
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