La subida histórica del salario mínimo en 2019 disparó el consumo sin destruir empleo ni generar inflación

En enero de 2019, el Gobierno aprobó una subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22,3%, elevándolo de 10.302,60 euros a 12.600 euros anuales (de 858,55 euros a 1.050 euros mensuales en 12 pagas).

Lejos de las malas expectativas de gran parte de la población hacia esta medida, que temían que generara pérdida de empleo o una escalada de precios, un estudio realizado por los investigadores económicos Ignacio González, Héctor Sala y Pedro Trivín demuestra que en las zonas con mayor proporción de trabajadores que pasaban a cobrar el nuevo SMI vieron un aumento medio del 4,5% en su gasto total durante 2019, en comparación con áreas de menor exposición.

Este salto equivale a varios cientos de euros adicionales por persona al año, un respiro económico que permitió a muchas familias gastar su dinero en productos y servicios que iban más allá de lo imprescindible.

Además, ni la tasa de paro ni los precios locales registraron variaciones significativas, lo que sugiere que las empresas absorbieron el mayor coste laboral sin repercutirlo en la inflación.

Cuando desglosamos el gasto por categorías, descubrimos que no fue el pan, la vivienda o los suministros los que más crecieron, sino el consumo discrecional. En concreto, el desembolso en electrónica (móviles, ordenadores, televisores y accesorios) se disparó un 20,2%, mientras que el gasto en ocio (deportes, juguetes y actividades recreativas) subió un 11,7%.

La partida de restaurantes y hoteles también repuntó un 8,7%, señal de que las familias aprovecharon parte de su mayor renta para salir a comer fuera o hacer escapadas de fin de semana . Este patrón refleja el comportamiento previsto por la teoría económica: una vez cubiertas las necesidades básicas, el excedente de renta se destina a mejorar la calidad de vida.

Uno de los temores más habituales ante subidas sustanciales del salario mínimo es la posible destrucción de empleo. Sin embargo, el mismo estudio, titulado ‘Consumption Responses to a Major Minimum Wage Increase: Evidence from Spain’, no encuentra indicios de que la tasa de paro o el número de nuevas contrataciones sufrieran variaciones significativas tras la reforma .

Ni los contratos indefinidos ni los temporales disminuyeron de forma apreciable, lo que sugiere que las empresas absorbieron gran parte del coste salarial sin renunciar a su plantilla. Algunas compañías ajustaron márgenes, ganaron en productividad o redujeron costes en otros ámbitos, pero el resultado global fue neutro para el empleo.

Otro argumento recurrente en el debate público cuando se sube el salario mínimo es que un coste de trabajo más alto termina trasladándose a los precios al consumidor. Sin embargo, al comparar la evolución del consumo nominal y del real, los autores del estudio constatan que ambas trayectorias son prácticamente idénticas tras la subida del SMI.

Lo que indica que, a corto plazo y a nivel municipal, no se produjo un traspaso de los costes salariales a la cesta de la compra. Por tanto, las empresas optaron por absorber el encarecimiento laboral en lugar de subir tarifas o márgenes de beneficio.

Los resultados de este trabajo demuestran que el estereotipo de que los aumentos del salario mínimo siempre conllevan pérdida de empleo o inflación, no es más que eso, un prejuicio.

De hecho, tal y como indica este estudio es al contrario, las subidas del SMI elevan el consumo real de los trabajadores de menores ingresos y reorientan una parte de su gasto hacia bienes y servicios de disfrute personal, contribuyendo así a mejorar su bienestar y calidad de vida.

La electrónica, el ocio y la restauración dejan de ser lujos para convertirse en opciones al alcance de todos, también de quienes antes apenas llegaban a fin de mes.

Este caso español aporta varias lecciones para el diseño de políticas de salario mínimo. Primero, demuestra que subidas importantes pueden estimular la demanda interna, favoreciendo la actividad económica local.

Segundo, evidencia que, en un contexto de baja inflación y flexibilidades productivas, las empresas pueden amortiguar el impacto de mayores costes salariales sin repercutirlos al consumidor ni ajustar drásticamente su plantilla.

Y tercero, sugiere que el salario mínimo puede jugar un papel de redistribuidor de la riqueza efectivo, no solo elevando ingresos, sino permitiendo a los hogares de rentas bajas una mejor calidad de vida.

El estudio de González, Sala y Trivín pone de relieve que, bajo las condiciones adecuadas, un salario mínimo más alto es perfectamente compatible con la salud del mercado laboral y de precios. Y, además, puede convertirse en una herramienta para fomentar el bienestar de los trabajadores en situaciones precarias.