Usurpan la identidad de 100 empresas españolas y estafan 700 millones de euros por importar mercancía china

La denuncia de una empresa de Almería, en 2023, desencadenó la desarticulación de una amplia red delictiva dedicada al fraude fiscal mediante la importación de mercancía desde China, cuyo perjuicio asciende a 700 millones de euros en la Unión Europea y 56 millones en España.

La operación, dirigida por la Fiscalía Europea y coordinada con Europol, ha contado con la participación directa de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y ONIF de la Agencia Tributaria, y ha incluido la cooperación de fuerzas policiales en Grecia, Francia y Bulgaria. Entre los resultados destacan la detención de seis personas en territorio español, la incautación de 475.000 euros en efectivo y 490.000 euros en criptovalores, y la identificación de cien sociedades españolas víctimas de usurpación de identidad mercantil.

La operación se desarrolló a nivel internacional y en España ha supuesto diez registros, realizados en ciudades como Madrid, Badajoz, Badalona, Elche, Manises y Sevilla. Los agentes, además, bloquearon productos financieros, bienes inmuebles y vehículos, e incautaron 7.133 bicicletas eléctricas y 3.696 patinetes eléctricos. Además, se procedió a la inspección de 480 contenedores en el Puerto de El Pireo, Grecia, y la incautación total de 5,8 millones de euros en diferentes monedas.

La investigación, bautizada como operación ‘Calypso’ y coordinada en 14 países, se inició tras la alerta de la empresa almeriense, que descubrió la usurpación de su identidad fiscal al recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria por cuotas impagadas vinculadas a operaciones de las que no tenía conocimiento. Las pesquisas permitieron detectar cerca de un centenar de empresas españolas afectadas, con presencia en toda la geografía nacional, convertidas en víctimas de suplantación para hacerlas figurar falsamente como responsables tributarias del fraude.

La actividad de la red consistía en aprovechar la importación de bienes desde China hacia Europa, usando mercantiles búlgaras pantalla en las que figuraban testaferros. Estas sociedades simulaban ventas y operaciones con empresas españolas desconocedoras del fraude, en algunos casos “muy conocidas”, según la Policía Nacional. El entramado presentaba documentación falsa o con valores menores a los reales en el tránsito aduanero, ingresando la mercancía principalmente por mar hasta Grecia y facilitando de este modo la evasión de aranceles.

Una vez introducidas en la UE, los productos se almacenaban y se movían entre distintos países del continente, valiéndose de empresas fantasma y aprovechando regímenes fiscales intracomunitarios para eludir el pago de impuestos. En muchos casos, el destino final de los productos era el mercado negro, en el que el pago se realizaba en efectivo como parte de una economía clandestina y opaca.

La sofisticación de la trama residía en la utilización masiva de empresas pantalla y facilitadores profesionales, agentes aduaneros, proveedores de servicios y firmas auditoras, que aseguraban el despacho inicial e intentaban ocultar el verdadero destino de las mercancías y su flujo económico. La organización conseguía así simular una aparente compra y transporte de productos entre empresas de distintos Estados miembros de la UE. El uso fraudulento de los números de IVA de entidades legítimas, repartidas por toda España, entorpecía la investigación y dificultaba su detección.

En cuanto al flujo económico, la organización recurría a diversas fórmulas de blanqueo de capitales para devolver los beneficios obtenidos a China. El dinero circulaba mediante sistemas bancarios subterráneos, transferencias de criptodivisas y movimiento de fondos a través de redes comerciales opacas fuera del radar de los mecanismos internacionales de supervisión bancaria.

*Noticia elaborada con información de EFE y Europa Press