Balacera en San Juan de Lurigancho: extorsionadores atacan bus de ETUSA y amenazan con matar a choferes

Un nuevo episodio de violencia generó pánico entre los pasajeros de un bus de la empresa ETUSA en San Juan de Lurigancho. Un grupo de delincuentes armados abrió fuego contra la unidad de la línea “C” mientras esta circulaba cerca del paradero 4, en la zona de Huáscar, sin dejar víctimas que lamentar, pero provocando un profundo temor entre usuarios y trabajadores.

Este atentado se suma a una serie de hechos similares que enfrenta la empresa, blanco recurrente de organizaciones dedicadas a la extorsión. Tras el ataque, los responsables enviaron mensajes amenazantes a través de WhatsApp a otros choferes, advirtiendo represalias más graves si no acceden a sus exigencias económicas. En los textos, dejaron claro que podría haber muertes si no se establece contacto con ellos.

El atentado ocurrió en un tramo habitual de la ruta que conecta San Juan de Lurigancho con Magdalena. Según el testimonio de los trabajadores, los atacantes dispararon directamente contra la carrocería del bus, sin previo aviso ni confrontación. El conductor y los pasajeros, aterrados, descendieron del vehículo en busca de protección. Las imágenes del vehículo perforado por las balas circularon en redes sociales y fueron compartidas por vecinos del sector.

Los choferes de la línea afectada indicaron que, minutos después del ataque, uno de ellos recibió mensajes a través de WhatsApp en los que los extorsionadores se referían al atentado como una “advertencia amistosa”. En los chats, los criminales exigían que se iniciara una negociación y amenazaban con “dejar un frío” si no recibían una respuesta antes del mediodía. El término “frío” es utilizado por bandas criminales para referirse a una persona asesinada.

Los extorsionadores no solo reclamaban dinero, también dejaron instrucciones precisas: evitar cualquier contacto con las autoridades. En sus mensajes afirmaban que se trataba de la “última advertencia” antes de atacar nuevamente. Mencionaban que conocían los recorridos y turnos de los conductores, lo que ha generado alarma entre el personal operativo de ETUSA.

Los choferes denunciaron que ya se sienten desprotegidos, pues esta no sería la primera vez que enfrentan este tipo de amenazas. La empresa, por su parte, ha evitado declarar públicamente mientras evalúa medidas de seguridad. Algunos trabajadores afirman que han considerado dejar sus rutas ante el temor de que las amenazas se concreten.

El ataque en Huáscar no es un hecho aislado. El pasado mes de abril, otro bus de la empresa fue atacado por dos hombres armados a bordo de una motocicleta, en el distrito de Chorrillos. En esa oportunidad, los disparos se realizaron en plena vía, muy cerca de la alameda San Marcos, cuando el vehículo trasladaba pasajeros. Al igual que en el reciente caso, no se registraron heridos, pero el atentado quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Meses antes, en septiembre del año anterior, la empresa también fue víctima de una amenaza directa: desconocidos dejaron una carta extorsiva junto a un artefacto explosivo en el paradero principal ubicado en Huáscar. En aquella oportunidad, las autoridades activaron el protocolo de seguridad y evitaron una tragedia mayor, aunque no se logró capturar a los responsables.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar quiénes están detrás de este nuevo atentado. Una de las principales hipótesis apunta a la participación de una organización delictiva identificada como “La batería de Panameño y Pegajoso de la 52″, conocida por operar en varios distritos de Lima con acciones similares de extorsión y violencia. Esta banda ya ha sido mencionada en reportes anteriores vinculados a ataques a empresas de transporte público.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) ya han reforzado la vigilancia en las zonas donde operan las líneas de ETUSA, especialmente en San Juan de Lurigancho, donde se concentran varias rutas afectadas. Mientras tanto, los conductores exigen mayor presencia policial en los paraderos y un plan de protección ante el avance del crimen organizado en el transporte urbano.